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PUNTO Y APARTE
KATASTRÓFICO!!!! Más de 80 conductores asesinados y 160 atentados en lo que va de 2026 según registros del Ministerio Público. La violencia criminal alcanza a 21 empresas de transporte y pone en riesgo tanto a trabajadores como a miles de pasajeros. Además, se han registrado más de 13.000 denuncias por delitos de robo y extorsión en la ciudad. La extorsión y el sicariato siguen golpeando al transporte público en Lima y Callao, mientras el Gobierno insiste en anunciar nuevas medidas y reclamar facultades para enfrentar la inseguridad; las cifras no dejan de aumentar.
El problema no es la falta de anuncios: es una crisis estructural de inseguridad ciudadana que viene desbordando la capacidad del Estado. Las denuncias por extorsión en Lima y Callao ya habían pasado de 4.316 en 2024 a 8.940 en 2025, y hoy la violencia alcanza directamente a quienes trabajan y se movilizan en el transporte público.
En plena campaña para las elecciones regionales y municipales y a meses de un nuevo gobierno, la seguridad vuelve a aparecer como promesa electoral mientras miles de personas siguen expuestas todos los días. Si las medidas no logran detener los asesinatos, los atentados y las extorsiones, ¿dónde está la respuesta del Estado? ¿Quién está realmente seguro?
Mientras que los críticos y opositores califican la situación actual como el resultado directo de decisiones deliberadas o complacientes mediante el marco normativo, la mayoría de analistas y expertos enfatizan una combinación de debilitamiento institucional, reformas legales contraproducentes y deficiencias en la estrategia de inteligencia policial para abordar de forma integral la criminalidad organizada.
1. La postura de analistas y expertos en seguridad e institucionalidad
Diversos especialistas en criminología, gestión pública y seguridad de entidades como el Instituto de Defensa Legal (IDL), Grade y centros de investigación universitaria abordan la problemática desde factores estructurales y de voluntad política:
Eficacia y marco legal: Expertos señalan que reformas legislativas recientes —como los cambios en la definición de "organización criminal" o las modificaciones en los procedimientos de registros y persecución del delito— han generado vacíos y trabas procesales que dificultan la labor operativa de la Policía Nacional (PNP) y del Ministerio Público.
Inteligencia estratégica e investigación: Analistas en seguridad sostienen que la lucha contra el crimen organizado no depende únicamente del incremento numérico de agentes en las calles o de la promulgación de estados de emergencia, sino del fortalecimiento de las unidades de inteligencia operativa y del trabajo coordinado de investigación fiscal.
Gestión de recursos: Aunque el presupuesto asignado al sector Interior ha tenido incrementos en periodos anuales, analistas en políticas públicas remarcan deficiencias en la ejecución presupuestal, en el equipamiento policial y en la sostenibilidad de los planes de seguridad local.
2. Argumentos de sectores críticos y de la ciudadanía
Sanción de leyes cuestionadas: Los críticos sostienen que la aprobación de normas calificadas coloquialmente como "leyes pro-crimen" o de debilitamiento de la extinción de dominio termina favoreciendo la impunidad de organizaciones dedicadas a la extorsión, el sicariato y la minería ilegal. cada quien sacara sus propias conclusiones.
Cómo se viola el espíritu de la ley:
La maniobra evade el espíritu de la norma constitucional: un alcalde renunciante o saliente usa un atajo legal para retornar de inmediato a la alcaldía sin respetar la alternancia democrática que la Ley 30305 exige.
2. Sustento de los cuestionamientos, promesas incumplidas e irregularidades
A. Discursos agresivos y ataques a instituciones
Ataque al JNE: En pronunciamientos públicos y plantones contra el Jurado Nacional de Elecciones, arremetió de forma desmedida y violenta contra el presidente del JNE (Roberto Burneo) con expresiones como "el Morrocoy ya sabe por dónde se lo va a meter" y amenazas de "meter un morrocoy", generando rechazo político por usar discursos denigrantes y matonescos frente a las instituciones electorales.
Uso de niños en actos políticos: Reportes e imágenes en presentaciones públicas donde se han expuesto o utilizado niños en eventos de propaganda partidaria y de campaña.
Insultos a rivales políticos: Historial de descalificaciones y adjetivos despectivos continuos hacia competidores como Keiko Fujimori, candidatos opositores y autoridades.
B. Pésima gestión y promesas incumplidas
El "Tren Chatarra" (Caltrain): Anunció como un logro histórico la importación de trenes a diésel donados desde California. La iniciativa fue duramente criticada (incluso por senadores de EE. UU.) por traer tecnología anticuada, altamente contaminante y obsoleta que presentó demoras continuas y serios problemas operativos para ponerse en funcionamiento.
Playas artificiales sin agua marina: El sonado proyecto en el Parque Zonal Huiracocha (San Juan de Lurigancho), donde se vaciaron toneladas de arena alrededor de una piscina pública municipal a un costo de unos S/ 145 mil soles, creando un espacio sin mar, ni olas, ni la infraestructura sanitaria adecuada.
Inauguraciones precipitadas e infraestructura deficiente: Obras en la vía pública o pasos peatonales/semáforos inaugurados de manera apresurada o incompleta en la capital, donde las deficiencias de señalización y fallas estructurales generaron trágicos accidentes peatonales.
PATIO TRASERO
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